¿Es necesario establecer el límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre a la luz de los nuevos desarrollos tecnológicos?

ene 18, 2013 by

Por Marta Gaggero Montaner[2] 

 

Palabras preliminares

 

El Consejo Directivo de ALADA resolvió efectuar un Homenaje al Consejero Profesor Manuel Augusto Ferrer, teniendo en cuenta sus altos méritos como especialista en las disciplinas aeronáutica y espacial y por haber cumplido 80 años. Dicho Homenaje se plasmaría en la publicación de un “Liber Amicorum”, una merecidísima distinción para quien tan valiosos aportes ha hecho a la comunidad científica aeroespacial.

El Dr. Ferrer ha estado ligado al Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico-Espacial y a quienes lo integramos, desde su creación. En su calidad de Director del Instituto de Derecho Aeronáutico y Espacial y de las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, celebró, en 1977,  un Convenio de Cooperación Científica con el CIDA-E.

Además de contar con tan importante apoyo institucional, el Dr. Ferrer nos ha brindado siempre su afecto y amistad, por lo que constituye un verdadero honor realizar esta modesta colaboración para  la presente publicación.

Introducción

 

La cuestión de la fijación de un límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre se planteó luego de iniciada la Era Espacial el 4 de octubre de 1957, cuando vehículos espaciales se desplazaron más allá del espacio aéreo. Hasta ese momento sólo se realizaban vuelos en el espacio aéreo, ámbito en el que los estados tenían plena soberanía. En efecto, de acuerdo a la normativa internacional vigente, el Convenio de Chicago de 1944,  se reconocía que todo Estado tenía soberanía plena y exclusiva en el espacio aéreo situado sobre su territorio (Art. 1º).

Cuando se lanzó el primer satélite artificial de la tierra al espacio ultraterrestre por parte de los soviéticos, el Sputnik 1 en 1957, que se desplazó en una zona más allá del espacio aéreo, se planteó entonces la interrogante de si existía un límite en el espacio aéreo, y cuál era el mismo.

En 1967 se aprobó el Tratado del Espacio en el que se estableció el principio de la libertad de exploración y utilización del espacio ultraterrestre, en contraposición con el principio de soberanía sobre el espacio aéreo instituido por el Convenio de Chicago. Era necesario entonces definir y delimitar esos ámbitos, a los cuales se le aplicaban regímenes jurídicos diferentes.

El Convenio de Chicago no define al espacio aéreo. Regula las actividades aéreas que se llevan a cabo en el espacio aéreo pero no establece cuál es el límite superior de ese espacio.

Por su parte, el Tratado del Espacio, tampoco define el espacio ultraterrestre, si bien establece que comprende a la Luna y otros cuerpos celestes.

En este sentido, el representante de Francia en la Comisión Política de ONU, declaró que ante el nuevo texto, su satisfacción era sólo relativa pues el Tratado no era todo lo que hubiera podido ser. Apuntó como uno de sus principales defectos, la ausencia de una definición del “espacio exterior”, frontera entre la soberanía nacional del espacio aéreo y la zona libre e internacional del espacio ultraterrestre.

En cuanto a la extensión del espacio aéreo se habían manejado infinidad de teorías y doctrinas. Solo para citar algunas, cabe mencionar las siguientes: altitud en la cual cesaba la gravedad terrestre, teoría del perigeo de los satélites, altitud del efectivo control, altitud que garantizara la seguridad de los Estados, altitud hasta el infinito, límite donde termina la atmósfera, altitud fija más allá de la cual el espacio sería interplanetario, etc. Había también quienes proponían establecer el límite por medio de un convenio internacional.

Bauzá Araújo sostenía con respecto a la teoría de prologar la soberanía de los Estados hasta donde pudiera hacerse sentir la atracción terrestre, que supondría extender demasiado ese derecho. Debe tenerse en cuenta, decía Bauzá, que, según los científicos, dicha atracción alcanza hasta una altura de 296.000 km., por lo que le parecía muy difícil justificar un derecho de soberanía a tal altura.[3]

En opinión de Ferrer -expresada en su clásica obra “Derecho Espacial”- cuando se aprobó el Tratado del Espacio de 1967, los Estados pactaron poner otro límite a su poder de soberanía, sin determinar a qué altura. El límite, dice Ferrer, tiene que surgir de un acuerdo de renuncia que los Estados hagan a ejercer su jurisdicción, y la misma debe ser expresa.

Lo que parece evidente -dice en otro pasaje de su obra- es que la demarcación de este límite es tarea de juristas y no de físicos o astrónomos. No se trata  de la fijación de un límite natural, sino de la demarcación de una frontera. [4]

Lo cierto es que, desde que se planteó el tema hasta el día de hoy, no se ha logrado un acuerdo para determinar el límite entre el espacio aéreo y  el espacio ultraterrestre.

 

Desarrollos tecnológicos

En los años 80 apareció el transbordador espacial, un vehículo que funcionaba en parte como un objeto espacial y en parte como una aeronave.

Mientras que la versión norteamericana (Space Shuttle) nunca atravesó el espacio aéreo de otros estados, el soviético Buran, que voló sólo una vez, atravesó varios países africanos y Turquía.

Más recientemente, en octubre de 2004, el avión espacial privado SpaceShipOne obtuvo el premio X Ansari dotado con 10 millones de dólares y destinado a fomentar el turismo espacial,  al completar con éxito su segundo vuelo suborbital en seis días hasta una altura superior a los 100 kilómetros.

En este proyecto intervinieron Burt Rutan, diseñador del avión espacial, Paul G. Allen, quien lo financió, y Richard Branson, el propietario de las aerolíneas Virgin Galactic. Esta empresa, líder en turismo espacial, ofrece hoy vuelos suborbitales en los que la nave nodriza transporta la nave espacial hasta los 15 kilómetros de altura. La nave espacial se desacopla de la nodriza y alcanza una altitud 110 kilómetros.

Estos desarrollos de la tecnología espacial que se produjeron luego de iniciada la Era Espacial, se reflejaron, no sólo en las discusiones sobre la cuestión de la delimitación del espacio ultraterrestre en la Comisión del Espacio de las Naciones Unidas, sino también  en las legislaciones internas de los Estados.

   

El tratamiento del tema en Naciones Unidas

 

Las Naciones Unidas se ocuparon de este tema poco tiempo después de iniciada la Era Espacial, en la Comisión Ad Hoc para la Utilización Pacífica del Espacio Ultraterrestre creada en 1958[5]. En su informe de 14 de julio de 1959, la Comisión consideró que el tema era susceptible de tratamiento prioritario. Este asunto ha sido objeto de discusión en el COPUOS (sucesor de la Comisión Ad Hoc) y en sus dos Subcomisiones: en la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos y en la Subcomisión de Asuntos Jurídicos.

En la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos el tratamiento del tema comenzó en 1959, dándola por finalizada en 1967, ya que se consideró que en ese momento  no era posible establecer criterios científicos o técnicos que permitieran una definición exacta y duradera del espacio ultraterrestre, y que la definición del mismo, cualquiera que fuera la base que se recomendara para decidirla, tendría probablemente importantes repercusiones en los aspectos operacionales de las investigaciones y la exploración del espacio.

En la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, el tema de la delimitación y definición del espacio ultraterrestre se empezó a examinar oficialmente en 1967, en base a propuestas de Francia y México en el sentido de que debía definirse cuanto antes el límite entre el espacio aéreo y el ultraterrestre. Consecuentemente, se incluyó el tema en la agenda con el título “Cuestiones relativas a: a) la definición del espacio ultraterrestre y b) la utilización del espacio ultraterrestre y de los cuerpos celestes, incluso las diversas consecuencias de las comunicaciones espaciales”, denominación  que fue cambiando a lo largo del tiempo, agregándosele  nuevos ítems.

En la discusión del tema,  se manejaron dos puntos de vista opuestos: uno que sostenía que el asunto de la delimitación era parte de la cuestión jurídica más amplia relativa a la aplicabilidad de los tratados, y, por lo tanto, era necesario tener un límite fijado convencionalmente y otro, que afirmaba que aún no se había establecido la necesidad de tal delimitación.[6]

Ya en las primeras deliberaciones de la Subcomisión Jurídica, algunas delegaciones se expresaron a favor de la definición y delimitación del espacio ultraterrestre, para establecer cuál sería el régimen jurídico aplicable en ese ámbito.

Se analizaron en ese momento, dos enfoques posibles del problema de la definición: un enfoque directo, en el que se intentaría distinguir entre dos entornos naturales, y un enfoque indirecto, en el que el espacio ultraterrestre se definiría en función de los instrumentos empleados o las actividades realizadas.

En las sucesivas sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos se siguió considerando el tema y hubo diversas propuestas por parte de algunos estados, en cuanto a su  tratamiento y la fijación de un límite.

En la sesión de 1974, el delegado argentino, Cocca, se pronunció a favor de dedicar tiempo al tema y expresó que, como el límite habría de ser convencional, correspondía a la Subcomisión analizar a fondo el tema y ofrecer una solución.[7]

En 1977 el plenario de la Comisión recomendó a la Subcomisión que también tuviera presente las cuestiones relativas a la órbita geoestacionaria, por lo que el tema pasó a denominarse “Cuestiones relativas a la definición o la delimitación o ambas cosas, del espacio ultraterrestre y de las actividades en el espacio ultraterrestre, teniendo también presentes las cuestiones relacionadas con la órbita geoestacionaria”.

En los debates se planteó la necesidad de definir los términos “objetos espaciales” y “actividades en el espacio ultraterrestre”, y algunas delegaciones propusieron que se conviniera, como primer paso, considerar como espacio ultraterrestre el espacio situado a una altitud entre los 100 y 110 km sobre el nivel del mar y que los objetos espaciales respetarían el derecho de vuelo entre los territorios de Estados a altitudes inferiores cuando entraran en órbita o regresaran a la Tierra en el territorio del Estado de lanzamiento.

Por el contrario, otras delegaciones expresaron que no era necesario por el momento establecer dicha definición o delimitación ya que durante veinte años se habían venido llevando a cabo actividades espaciales sin esa definición o delimitación, sin haberse identificado ningún problema.

Con el correr del tiempo, con el aumento de la cantidad de objetos lanzados al espacio y el número de Estados que participaban en actividades realizadas en el espacio, la falta de una definición o delimitación, según algunas delegaciones, originaba incertidumbre en cuanto al régimen jurídico a aplicar, porque el derecho aeronáutico y el derecho espacial diferían sustancialmente en cuanto a la cuestión de la soberanía de los Estados, y, por tanto era necesario indicar claramente las esferas de aplicación de ambos regímenes.

Se hizo referencia a que en el futuro habría vehículos que viajarían tanto en el espacio aéreo como en el espacio ultraterrestre y que, cuando llegara ese momento, sería necesario saber qué régimen jurídico sería aplicable en las distintas etapas.

Se discutió entonces si era necesario adoptar un enfoque “espacial”, según el cual se debía llegar a un acuerdo sobre una altitud determinada como límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, o un en foque “funcional”,  que se refiere a la naturaleza de la actividad, no al espacio en el que tiene lugar.

Ferrer opina que el problema del límite no se puede resolver con una teoría funcional que atienda a la actividad, sino que debe ser resuelto con un criterio determinante de la altura hasta la que los Estados pueden ejercer su jurisdicción.[8]

Tampoco se definió el tema en esa etapa de  la discusión. Se agregó el argumento de que una definición o delimitación del espacio ultraterrestre podría obstaculizar los futuros progresos de la tecnología espacial.

En 1983, la URSS presentó un documento de trabajo que contenía una propuesta sobre el criterio que se debía adoptar para la definición y delimitación del espacio ultraterrestre. Propuso en primer lugar que el límite entre el espacio atmosférico y el espacio ultraterrestre se determinara por acuerdo entre los Estados a una altura no superior a 110 kilómetros sobre el nivel del mar y se reafirmara jurídicamente mediante la concertación de un instrumento de derecho internacional con carácter obligatorio. En segundo lugar, se proponía que se preservara el derecho de paso inocente (con fines pacíficos) de un objeto espacial de cualquier Estado sobre el territorio de otros Estados a alturas inferiores al límite convenido para su puesta en órbita y para su retorno a la Tierra.

La Asamblea General de Naciones Unidas, en su resolución 38/80 de 1983, decidió que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos estableciera un grupo de trabajo para examinar, con carácter prioritario, “los asuntos relativos a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre y el carácter y utilización de la órbita geoestacionaria, incluida la elaboración de principios generales que regulen la utilización racional y equitativa de la órbita geoestacionaria, que es un recurso natural limitado”.

En el grupo de trabajo se siguió discutiendo si convenía adoptar un enfoque “espacial” o un enfoque “funcional” para definir y delimitar el espacio ultraterrestre.

La URSS propuso nuevamente un documento de trabajo, en el que se planteaba que, sin resolver la cuestión del establecimiento de un límite, se considerara que todo objeto lanzado al espacio ultraterrestre estaría en el espacio ultraterrestre tras su lanzamiento en todas las etapas de su vuelo en que su altitud sobre el nivel del mar fuera de 110 kilómetros o más, y que los Estados conservaran el derecho a que sus objetos espaciales volaran por encima del territorio de otros Estados a una altitud inferior a  110 kilómetros sobre el nivel del mar con el fin de ponerse en órbita alrededor de la Tierra o de continuar su vuelo más allá de esa órbita y con el fin de regresar a la Tierra.

Chile opinaba que era importante delimitar para asegurar el principio de la soberanía nacional y la obligación de utilizar el espacio ultraterrestre con fines exclusivamente pacíficos.

También Venezuela estaba a favor de una definición precisa del espacio ultraterrestre y Argentina también opinaba que era necesario delimitar el espacio ultraterrestre para saber el campo de aplicación de las normas jurídicas.

Estados Unidos, por su parte, afirmaba que la fijación de una línea de demarcación no era necesaria, ya que lo consideraba una operación arbitraria con consecuencias imprevisibles.

Otros Estados como Bulgaria e India, adherían a la propuesta de la URSS.

Era claro que la posición de los países en desarrollo era, en general, opuesta a la de las potencias espaciales.

Así, la postura occidental sustentada en la no necesidad de una delimitación del espacio, alegaba que no existía base científica para una definición incontrovertible y se expresaba en favor de una teoría “funcional”.

Por su parte, los países en desarrollo, tenían interés en un acuerdo multilateral, en virtud del cual se fijara el límite entre el espacio atmosférico y el ultraterrestre a una determinada altitud sobre el nivel del mar, argumentando la existencia de diferencias claras entre los regímenes jurídicos aplicables a uno y otro espacio.

En cuanto a los países de Europa Oriental, respaldaban la propuesta soviética que establecía dicho límite en una altura superior a los 100 kilómetros sobre el nivel del mar, previendo el paso inocente a menores alturas de objetos espaciales de otro estado para llegar a su órbita o reingresar al espacio atmosférico, siempre que dicho paso no ocasionara efectos desfavorables en el territorio del estado subyacente.

A partir de los años 90, a raíz de una propuesta presentada por la Federación Rusa se comenzó a prestar atención a un nuevo tema que estaba involucrado con el de la definición y delimitación del espacio ultraterrestre: el de los aspectos jurídicos referidos a los objetos aeroespaciales.

Al inicio de la Era Espacial, era clara la distinción entre las aeronaves que volaban en el espacio aéreo y las naves espaciales que se trasladaban por el espacio ultraterrestre.

Con el anuncio de la aparición de los objetos aeroespaciales, vehículos híbridos definidos como “todo objeto que sea capaz tanto de desplazarse por el espacio ultraterrestre como de valerse de sus propiedades aerodinámicas para mantenerse en el espacio aéreo durante cierto tiempo”[9], se planteó la cuestión de si se le aplicarían las normas del derecho aeronáutico o del derecho espacial.

En un esfuerzo para clarificar el tema, la Subcomisión Jurídica aprobó en 1995 el texto de un cuestionario sobre posibles cuestiones jurídicas relacionadas con estos objetos, el que sería enviado a los Estados con el fin de recabar sus opiniones al respecto.

El propósito del cuestionario era ayudar a la Comisión a encontrar coincidencias en la definición y delimitación del espacio ultraterrestre, pero los puntos de vista siguieron siendo divergentes. Cabe destacar que varios Estados en sus respuestas, se refirieron a la “atmósfera” como el área en la que regía el derecho aeronáutico.

En cuanto a la definición del objeto aeroespacial, en varias de las respuestas recibidas se comprobó que, si bien la definición servía para el propósito de los trabajos, necesitaba un mayor refinamiento y clarificación.

Al igual que otros conceptos utilizados en la legislación espacial, era muy difícil ponerse de acuerdo en cuanto a su significado.

En las sucesivas reuniones de la Subcomisión Jurídica del COPUOS, se continuó con la discusión de si era imprescindible o no establecer un límite al espacio ultraterrestre. Algunos Estados continuaban insistiendo en la necesidad de una definición y delimitación, a efectos de tener un fundamento jurídico que les permitiera establecer regulaciones en sus territorios nacionales y resolver nuevos problemas que se podrían presentar, derivados de los choques que pudieran producirse entre objetos aeroespaciales y aeronaves, haciéndose hincapié en las innovaciones tecnológicas.

Más recientemente, en 2005, se avanzó en el tema, en el sentido de que la Subcomisión de Asuntos Jurídicos deseaba saber si los Estados Miembros del COUPUOS habían dictado alguna legislación nacional relativa a la definición o delimitación del espacio ultraterrestre, por lo que invitó a los Estados Miembros a que presentaran información al respecto.

A esos efectos, envió a los Estados las siguientes preguntas:

a) ¿Considera necesario su Gobierno definir el espacio ultraterrestre o delimitar el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, dado el nivel actual de las actividades aeronáuticas y espaciales y el nivel de desarrollo de las tecnologías aeronáuticas y espaciales?

b) ¿Considera su Gobierno que es necesario aplicar otro enfoque para resolver esta cuestión?

En el 49º período de sesiones de la Subcomisión, celebrado en 2010, el Grupo de Trabajo convino en dirigir también a los gobiernos de los Estados Miembros la siguiente pregunta:

c) ¿Considera su gobierno la posibilidad de definir un límite inferior del espacio ultraterrestre o un límite superior del espacio aéreo, reconociendo al mismo tiempo la posibilidad de promulgar legislación internacional o nacional especial relativa a una misión que realice un objeto tanto en el espacio aéreo como en el espacio ultraterrestre?

De los setenta Estados que son miembros del COPUOS, veintiséis respondieron a las preguntas en el período 2007-2011, la mayoría de los cuales son países en desarrollo. Estos países se pronunciaron en favor de establecer un límite, mientras los países desarrollados, en general, expresaron que no era necesario por el momento fijar dicho límite.

El Grupo de Trabajo establecido en 1983, continuó trabajando sobre el tema y en la última reunión que tuvo lugar en el 50° período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos (28 de marzo a 8 de abril de 2011), las discusiones continuaron, alegando algunas delegaciones los mismos argumentos esgrimidos 44 años atrás, a las que se agregaron otros que se adaptan a los nuevos tiempos.

En resumidas cuentas, en todos estos años de tratamiento y discusión del tema en la Subcomisión Jurídica, no se logró llegar a un acuerdo sobre la definición o delimitación del espacio ultraterrestre.

Lo que sí se obtuvo durante este período, fue un consenso sobre la remisión del asunto a la Subcomisión de Asuntos Científicos y Técnicos para su examen; la preparación y actualización de documentos de antecedentes sobre el tema; el establecimiento de un Grupo de Trabajo; el examen de las cuestiones relativas a los objetos espaciales; la elaboración de un cuestionario sobre posibles cuestiones jurídicas relativas a los objetos aeroespaciales y la información brindada por los Estados sobre leyes y prácticas nacionales con la definición y la delimitación del espacio ultraterrestre.

El Presidente del Grupo de Trabajo, Monserrat Filho de Brasil, expresó su intención de presentar en el próximo período de sesiones de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos, que tendrá lugar en 2012, una propuesta sobre posibles maneras de encontrar una solución a las cuestiones relativas al tema.

Habrá que estar a lo que suceda. De todos modos, hay que destacar que la no fijación del límite, no ha generado protestas de parte de los Estados.

 

Legislación nacional sobre el tema de la delimitación del espacio ultraterrestre[10]

 

Ante el aumento de las actividades privadas en el espacio, los Estados, debieron dictar normas nacionales para cumplir sus deberes de autorización y fiscalización establecidos en el Tratado del Espacio de 1967

Tomando en cuenta lo informado a la Subcomisión Jurídica del COPUOS, y analizando algunas legislaciones nacionales, si bien se observa que casi ningún Estado define en su legislación interna el límite del espacio ultraterrestre, en algunos países, la  normativa vigente se refiere, de manera no muy clara a veces, al tema de la definición y delimitación del espacio ultraterrestre.[11]

 

Australia

 

La Space Activities Act de 1998 de Australia[12], no define el espacio ultraterrestre ni lo delimita, pero en una enmienda a dicha norma[13], refiriéndose al lanzamiento de objetos espaciales, expresa que “lanzamiento de un objeto espacial significa lanzar el objeto en un área más allá de la distancia de 100 kilómetros sobre el nivel del mar, o intentar hacerlo”. Es decir que, sin referirse al espacio ultraterrestre se infiere que es “un área más allá de la distancia de 100 km….”

Sin embargo, en su informe a la Subcomisión Jurídica del COPUOS sobre las leyes y prácticas nacionales referidas a la definición y delimitación del espacio ultraterrestre, Australia especifica que dicha referencia a la altura de 100 km. no significa una definición o delimitación del espacio ultraterrestre.

 

Colombia

 

Colombia -que es solamente signatario destratado del Tratado del Espacio de 1967- en el artículo 101 de su Constitución de 1991, si bien no define ni delimita el espacio ultraterrestre, establece lo siguiente:

 

“Los límites de Colombia son los establecidos en los tratados internacionales aprobados por el Congreso, debidamente ratificados por el Presidente de la República, y los definidos por los laudos arbitrales en que sea parte la Nación.

También son parte de Colombia, el subsuelo, el mar territorial, la zona contigua, la plataforma continental, la zona económica exclusiva, el espacio aéreo, el segmento de la órbita geoestacionaria, el espectro electromagnético y el espacio donde actúa, de conformidad con el Derecho Internacional o con las leyes colombianas a falta de normas internacionales”.

 

La posición de este país sobre el tema de la órbita geoestacionaria, fue claramente expuesta por Diego Pardo Tovar en un Simposio Internacional sobre Órbita Geoestacionaria organizado por el CIDA-E en 1980 en el que, su contraparte fue Manuel Augusto Ferrer.[14]

En aquella oportunidad, Pardo Tovar dio a conocer la posición oficial de su país, que sostenía que todo el segmento de la Órbita Geoestacionaria de satélites que surcan su cielo territorial, entre los grados 70 y 75 al Oeste de Greenwich, era considerado por el país  como un “recurso natural”, constituyendo un bien inalienable e imprescriptible de la Nación, a cuya soberanía no podría renunciar a tenor de su Constitución.

Colombia, decía Pardo Tovar, considera que el principio mencionado en el art. II del Tratado del Espacio de 1967, según el cual “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrá  ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía uso u ocupación, ni de ninguna otra manera”, no es aplicable a la órbita geoestacionaria por no existir una definición del espacio ultraterrestre.Además, al no haber Colombia ratificado el Tratado del Espacio, sus disposiciones no podían invocarse en su contra.

Esa posición fue adoptada por otros países ecuatoriales (Brasil, Indonesia, Kenia, Congo, Uganda, Ecuador y Zaire) conjuntamente con Colombia, en la Declaración de Bogotá de 1976. En dicho documento se establecía que la órbita geoestacionaria era un recurso natural y un hecho físico vinculado a la realidad del planeta. Esto último, traía como consecuencia necesaria, que la órbita geoestacionaria debía sustraerse de la noción de espacio ultraterrestre y por tanto, constituía parte integrante  del territorio del Estado subyacente, reclamando entonces, los Estados involucrados, su soberanía sobre dichos segmentos.

Cabe destacar que, entre los países firmantes de la Declaración de Bogotá, algunos eran partes del Tratado del Espacio de 1967 y otros no lo eran, o solamente lo habían firmado.

Ferrer, por su parte, con referencia a lo expuesto por Pardo Tovar, fundamentó detalladamente su posición contraria, señalando entre otros argumentos, que la pretensión de reclamar soberanía hacia arriba por proyección vertical de los derechos de soberanía, era un absurdo cosmográfico.

Consideró inaceptable la Declaración de Bogotá de 1976 por contrariar principios vigentes en la comunidad internacional. Ferrer afirmaba que si bien hay países que no son partes del Tratado del Espacio, hay principios, como el de la libertad de tránsito y de no apropiación nacional del espacio ultraterrestre, que son normas de  Derecho Internacional positivo, que revisten carácter de normas de jus cogens.

Todos los países que firmaron la Declaración de Bogotá, decía Ferrer, han aprobado por unanimidad diversas Resoluciones de las Naciones Unidas que establecen esos principios y que muchos consideran que generan una “costumbre internacional instantánea”. Si bien Ferrer reconoce que dichas Resoluciones no son tratados debidamente ratificados, sostiene que tienen esa general aceptación denominada “communis oppinio”.

Lo cierto es que, más allá de las discusiones doctrinarias, la Constitución de Colombia, considera al segmento de la órbita geoestacionaria como parte de su territorio.

La discusión sobre este tema ha tenido lugar en gran parte, en el contexto de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), teniendo en cuenta el rol de coordinación del uso de posiciones orbitales para satélites de comunicaciones que este organismo tiene.

 

México

 

México, estableció en el art. 42 de su Constitución de 1917[15] que:

 

 “El territorio nacional comprende:

VI.- El espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional”.

En suma, no define el límite del espacio ultraterrestre, sino que se remite a lo establecido en el derecho internacional.

 

Francia

 

La ley francesa N° 2008-518 de 3 de junio de 2008 sobre “operaciones espaciales”, las define como “toda actividad consistente en lanzar o procurar el lanzamiento de un objeto al espacio extra-atmosférico o a asegurar el control de un objeto espacial mientras se encuentre en el espacio extra-atmosférico”.

La ley se refiere al espacio extra-atmosférico -término equivalente al de espacio ultraterrestre-  pero no lo define.

 

Bélgica

 

La “Ley relativa a las actividades de lanzamiento, de operación de vuelo o de guía de objetos espaciales”, de 17 de setiembre de 2005, define al “objeto espacial”, como “todo objeto lanzado o destinado a ser lanzado al espacio extra-atmosférico…”.

      Se trata de un caso similar al anterior.

 

Italia

 

La ley de 12 de julio de 2005 N° 153, que implementa el Convenio de Registro, dispone que todos los objetos lanzados al espacio extra-atmosférico, deben ser registrados.

Al igual que las legislaciones de Francia y Bélgica, no define el término espacio extra-atmosférico.

 

Unión Europea

 

La normativa europea que establece los controles para la exportación de bienes de uso dual (bienes que pueden ser usados tanto para propósitos civiles como militares), está establecida en la Regulación del Consejo 428/2009.[16] La regulación controla una variedad de tecnología, incluyendo la categoría aeroespacial y propulsión.

En el Anexo 1 de la Regulación, se definen los términos utilizados, y se incluye el término “space-qualified”, y expresa: “Space-qualified se refiere a productos diseñados, fabricados y probados para cumplir con  los requisitos eléctricos, mecánicos o ambientales especiales para el lanzamiento y el despliegue de satélites o sistemas de vuelo a gran altitud, operando en alturas de 100 km o superiores”.

La Regulación reconoce que las actividades espaciales se llevan a cabo en alturas de 100 km. o más.

 

Estados Unidos

 

Estados Unidos tiene profusa legislación relativa a las actividades espaciales. A título de ejemplo, mencionamos un par de ellas.

De acuerdo a la ley de la NASA de 1958[17], este organismo tiene la responsabilidad sobre “las actividades aeronáuticas y espaciales” patrocinadas por los Estados Unidos. Las actividades aeronáuticas y espaciales son definidas como “la investigación en, o la solución de, problemas de vuelos en o fuera de la atmósfera terrestre.”

Puede interpretarse que el espacio aéreo se identifica con la atmósfera que es el ámbito en el cual los vuelos aéreos son posibles. El espacio ultraterrestre sería el área “fuera de la atmósfera”. De todas maneras, no se establece claramente cuál es la línea demarcatoria entre el espacio aéreo y el ultraterrestre.

En la ley aprobada el 18 de diciembre de 2010[18], que tiene por fin codificar  la legislación vigente relativa a los programas espaciales nacionales y comerciales, en el capítulo 403, se define al término “ambiente espacial, como el ambiente más allá de la atmósfera terrestre”.

En ambos casos, se refiere al espacio ultraterrestre, como el ámbito situado más allá de la atmósfera terrestre.

 

Sudáfrica

 

La Ley de Asuntos Espaciales de la República de Sudáfrica, N° 84 de 1993, establece en su art. 1: “el espacio ultraterrestre significa el espacio sobre la superficie de la tierra desde una altura en la que es prácticamente posible operar un objeto en una órbita alrededor de la tierra”.        

Se trata de una definición que permite adaptarse a los cambios tecnológicos.

 

Venezuela

           

En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, su art. 11 establece:

“Corresponden a la República derechos en el espacio ultraterrestre suprayacente y en las áreas que son o puedan ser patrimonio común de la humanidad, en los términos, extensión y condiciones que determinen los acuerdos internacionales y la legislación nacional”.                                                                                                                                    

      Como Estado Parte en el Tratado del Espacio de 1967, le corresponderán los derechos establecidos en dicho instrumento internacional.

Chile

El Decreto 338 de 17 de julio de 2001, que creó la Agencia Chilena del Espacio, no contiene ninguna norma que defina o establezca un límite al espacio ultraterrestre.

En cuanto al espacio aéreo, su Código Aeronáutico establece en su art. 1: “El Estado de Chile tiene la soberanía exclusiva del espacio aéreo sobre su territorio[19], pero tampoco define el límite superior del espacio aéreo.

 

Argentina

 

Argentina tiene varias normas referidas a la materia espacial, vinculadas principalmente a la creación de la CONAE[20], su Plan Espacial Nacional, la creación del Registro Nacional de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre[21], etc. Sin embargo, en ninguna de estas normas se establece la definición o delimitación del espacio ultraterrestre.

Cabe destacar que la representación de Argentina en la Subcomisión Jurídica del COPUOS ha sostenido: “es necesario avanzar en la búsqueda de un consenso para delimitar el espacio ultraterrestre respecto del espacio aéreo en razón de aplicársele un régimen jurídico especial. El incremento de las actividades en el espacio, potenciadas por los crecientes desarrollos tecnológicos, señala claramente la conveniencia y/o necesidad de trazar un límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre. Delimitación que, si bien está vinculada a un consenso científico y técnico en la materia, sin duda producirá consecuencias concretas respecto de las soberanías estatales sobre los espacios aéreos.[22]

 

Uruguay

 

Uruguay ha ratificado todos los tratados espaciales, pero no ha dictado ninguna norma que se refiera a la definición o delimitación del espacio ultraterrestre.

En materia aeronáutica, el Código Aeronáutico de la República Oriental del Uruguay[23], en su art. 1, establece lo siguiente:

 

Art. 1°.- (Soberanía). La República Oriental del Uruguay ejerce soberanía en el espacio que se encuentra sobre el territorio y aguas jurisdiccionales uruguayas, de acuerdo con las normas jurídicas nacionales e internacionales aplicables”.

 

El Código habla del “espacio”, sin referirse al mismo como “espacio aéreo”. Al respecto,  Eduardo Gaggero, quien integró la Comisión Redactora de dicha norma, analizó en dicha Comisión el concepto de espacio aéreo y sus límites, con relación al ejercicio de la soberanía en el mismo. Consideró también las dificultades existentes para determinar los límites entre el espacio aéreo y el ultraterrestre, concluyendo que estimaba conveniente utilizar el concepto de espacio sin calificación de aéreo, ya que, al no calificarse el concepto, no se limitaba la comprensibilidad del mismo.

 

Reflexiones finales

  

Las normas aeronáuticas y espaciales fueron creadas cuando la ciencia y tecnología espaciales aún no habían alcanzado los desarrollos actuales.

La legislación aeronáutica y espacial internacional, no contiene una definición y delimitación del espacio aéreo y ultraterrestre respectivamente.

Tampoco la legislación interna de los Estados contiene una indicación  clara de cuál es el límite entre el espacio aéreo y el espacio ultraterrestre, salvo algunas excepciones.

De todas maneras, hasta el momento, como lo señaláramos antes, no han existido protestas por parte de los Estados.

Algunos juristas como Lachs[24] y Christol[25] se inclinan por afirmar que ha surgido una norma no escrita de derecho consuetudinario que establece el límite a los 100 km., lo que es aceptado también por otros calificados autores.

Existe un concepto bastante generalizado de que el espacio ultraterrestre comienza  donde los vuelos orbitales son posibles si bien hay quienes no aceptan este criterio. [26]

von der Dunk afirma que para asegurar la certeza jurídica y la justicia, es necesario delinear y por lo tanto limitar, la extensión de la jurisdicción territorial.[27]

Como expresa Ferrer, “el hecho de que no se hayan planteado problemas respecto al límite entre ambos ámbitos, no es una razón de derecho para no fijar ese límite…si la previsibilidad es uno de los caracteres del Derecho Espacial,  para que no se puedan plantear cuestiones que después puedan entronizar el hecho consumado, es necesario, en Derecho, la fijación del límite”. [28]

En suma, si bien no se han presentado problemas por la falta de definición y delimitación del espacio ultraterrestre, teniendo en cuenta los avances tecnológicos y con el fin de resolver la incertidumbre en cuanto a la aplicación de las normas del derecho espacial o del derecho aeronáutico, y aclarar entonces las cuestiones relativas a la soberanía nacional, sería deseable que la Subcomisión Jurídica del COPUOS diese finalmente una solución al tema.

 

Montevideo, julio de 2011

 

[1] Las opiniones vertidas en el presente trabajo son de exclusiva responsabilidad de la autora,  no implicando  la posición del organismo que integra.

[2] Doctora en Diplomacia. Asesora técnica del Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico-Espacial de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica de Uruguay.

[3] Bauzá Araújo, Álvaro. Derecho Astronáutico. Librería Amalio Fernández, Montevideo, 1961.

[4] Ferrer, Manuel Augusto (h). Derecho Espacial. Editorial Plus Ultra, 1976.

[5] ONU. Doc. A/AC.105/769 de 18 de enero de 2002.

[6] Jasentuliyana, Nandasiri. “A survey of Space Law as Developed by the United Nations”.  En: Perspectives on International Law. Edited by Nandasiri Jasentuliyana. Kluwer Law International. 1995.

[7] Op. cit en nota 4.

[8] Op. cit. en nota 4.

[9] Doc. COPUOS A/AC.105/635 de 15 de febrero de 1996.

[10] La traducción al castellano de las normas escritas en inglés o francés, no es oficial.

[11] National Regulation of Space Activities. Editor: Ram S. Jakhu. Springer, 2010.

[12] Space Activities Act, 1998, N° 123, 1998.

[13] Space Activities Amendment Act 2002, N° 100.

[14] Simposio Internacional sobre Órbita Geoestacionaria. Centro de Investigación y Difusión Aeronáutico-Espacial, 1980.

[15] Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917.

[16] European Union. Council Regulation 428/2009, Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual use items, 5/5/09.

17. The National Aeronautics and Space Act. Pub. L. N° 111-314 Stat. 3328 (Dec. 18, 2010). Sec. 20112.

18. United States of America. Public law 111-314-dec. 18, 2010. Enactment of title 51-national and commercial space programs. Chapter 403, § 40302.

[19] Ley N° 18,916 de 19 de enero de 1990.

20 Decreto 995/91 de 28 de mayo de 1991. Creación de la CONAE.

[21] Decreto 125/95 de 256 de julio de 1995. Establecimiento del Registro Nacional de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre.

[22] ONU. COPUOS/LEGAL/T.754. 754° Sesión, 29 de marzo de 2007.

[23] Decreto-Ley N° 14.305 de 29 de noviembre de 1964.

[24] Citado por Perek, Lubos en: “Is Customary Law a Source of Space Law?” IISL/ECSL Space Law Symposium. Legal Subcommittee of COPUOS. 28 March 2011.

[25] Christol, Carl Q. “The Aerospace plane and the definition and delimitation of outer space”. Revista del CIDA-E, Año XVI, N° 17, 1992.

 

[26] Algunos afirman que este criterio ha quedado obsoleto, porque, tanto el avión cohete X-15 como el SpaceShipOne son considerados como naves espaciales y cumplen las condiciones para calificarlas de suborbitales, lo que, conforme a dicho criterio, significa que el comienzo del espacio ultraterrestre podía hallarse muy por debajo de la órbita de satélite más baja.

27 von der Dunk, Frans. “The sky is the Limit-But Where Does it End?” Proceedings of the Forty-Eighth Colloquium on the Law of Outer Space, 2005.

28 Ferrer, Manuel a. “Regimen jurídico del espacio ultraterrestre en su vinculación con los puntos 1 y 3 de la agenda del COPUOS”. Revista CIDA-E, año XVI, N° 17, 1992.

 

 

 

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